La multa puede parecer importante. Dice la noticia que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto, por unanimidad, 9 millones de euros a unos cuantos concesionarios, 45, de Toyota, Hyundai y Opel y a una empresa de control de ventas en dos comunidades autónomas, Madrid y Galicia, por pactar los precios. Según la CNMC este comportamiento tiene mucho que ver con el de un cartel. Según se lee en la noticia, la empresa de control controlaba que los precios eran los dictados por el conjunto de concesionarios, constituidos en cartel, fueran los establecidos. Las multas van desde los 3.000 euros hasta cerca del millón, con una clara predominancia de los concesionarios de Opel.
Según el secretario general de Faconauto, la CNMC se equivoca puesto que sus datos nos son reales. Como argumento central niega la mayor y concluye en un descenso generalizado, de hasta el 8,5%, de los precios. Concluye, como no puede ser de otra manera, con un mensaje claro de que actuaciones como la llevada a cabo por la CNMC pone en riesgo el futuro del sector al frenar su expansión.
El problema radica, una vez más, en la extrema lentitud de la Justicia, la que sea, puesto que los expedientes que han concluido con esta sanción datan ya del año 2011, que es cuando la CNMC comenzó su investigación. Aunque no se descarta la aparición de nuevos casos, lo cierto es que estas sanciones son plenamente asumibles por los concesionarios (si es que, tras el contencioso-admistrativo que, a buen seguro, se interpondrá, digo, estas sanciones se llegan a pagar).
Lamentablemente estamos ante un nuevo caso en el que los intereses de los consumidores son absolutamente ignorados en aras del desarrollo de un sector, cuya importancia no niego, pero que, entiendo, son perfectamente conjugables. Es más, creo, que deben serlo si realmente se pretende hablar de futuro.
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